InicioTribuna MediterráneaEn España el Gobierno da gratis el cambio de sexo pero el dentista es de pago

En España el Gobierno da gratis el cambio de sexo pero el dentista es de pago

Corría el año 2007, con el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, cuando se aprobó la ‘Ley de identidad de género’ y se incluyó oficialmente entre de las consideradas por Sanidad como “enfermedades mentales” a la transexualidad.

Un cambio de denominación a efectos legales que supuso ir mucho más allá de una simple apostilla: a partir de entonces, en España los cambios de sexo ya podrían ser financiados por la Seguridad Social. Y es que aunque todavía no existe una ley nacional sobre el tema, ya son siete las comunidades autónomas que financian con dinero público estos tratamientos.

Cambio de sexo gratis

Es decir, los cambios de sexo son completamente gratuitos en Madrid, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Andalucía, Valencia y Murcia. Gratuitos evidentemente para el paciente; pagar, las pagamos todos. Esta peculiar circunstancia se produce debido a que el Ministerio de Sanidad delega esta competencia en las 17 CCAA y, por tanto, tendrán que ser estas, en última instancia, las que decidan financiar y tratar las operaciones de cambio de sexo.

Este largo y delicado proceso suele durar varios años. Los dos primeros se dedican casi exclusivamente a iniciar el proceso de toma de hormonas. Después, se deben realizar varias operaciones quirúrquicas hasta conseguir lograr el cambio de género completo.

En total, el coste del cambio de sexo oscilaría entre los 18.000 y los 30.000 euros, según datos de diversas clínicas privadas.

A esta cirugía de reasignación de sexo se han sometido, hasta el año 2009, 176 personas, pero se estima que el número total de transexuales en lista de espera que podrían solicitarlo está por encima de 3.000.

Muchos de los pacientes que han iniciado este proceso por medio de la Seguridad Social lamentan los tiempos de espera, ya que cada comunidad destina cada año una partida para estas operaciones y cuando el presupuesto se gasta ya no se realizan más intervenciones hasta el año siguiente.

El dentista, de pago

En el lado opuesto de la trinchera, sin embargo, entre las necesidades sanitarias que increiblemente no cubre la Seguridad Social, a pesar de que una renta media en España destina el 52% de la riqueza producida exclusivamente a pagar impuestos, se encuentra por ejemplo una especialidad tan básica como la odontología. Ir al dentista en nuestro país se ha convertido en un auténtico lujo al alcance de muy pocos.

Según la web especializada en salud, ‘Salud y vida sana’: “La Seguridad Social sólo se ocupará de aquellos procesos inflamatorios e infecciosos que afecten al área bucodental, como puede ser la extracción de una muela del juicio, así como las lesiones, heridas y traumatismos.

Dentro de este proceso también se tienen en consideración el tratamiento, revisiones, extracciones de piezas dentales y biopsias en el caso de que fuesen precisas para garantizarnos una adecuada salud.”

Una mala salud bucodental, aparte del evidente prejuicio estético, puede provocar a largo plazo enfermedades estomacales y digestivas, porque no se mastican correctamente los alimentos, además de aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes. Sin embargo, la Seguridad Social apenas ofrece coberturas referentes a la odontología. Aunque un mal estado de los dientes pueda derivar en dolencias muy graves.

Si se compara las diferencias entre la sanidad pública y la privada, se puede observar que, en el caso de la privada, por apenas unos euros más al mes se puede adquirir la cobertura dental completa. El precio actual por persona de un seguro estándar privado con cobertura dental ronda los 60 €uros.

Por eso, son muchos los que comienzan a cuestionarse por qué no permite el Gobierno la posibilidad de elegir entre sanidad pública o privada entre todos los ciudadanos, un beneficio del que sí disfrutan por ejemplo los funcionarios… que trabajan precisamente para el Estado.

Es decir, aunque se adquiera un seguro médico privado, los ciudadanos están obligados a seguir pagando la Sanidad Pública, completamente colapsada por la demanda y de la que se acaban beneficiando, paradójicamente, los que menos aportan a la caja común de la Seguridad Social.

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